Después de largos debates y exhaustivas revisiones legales, el gobierno de Mallorca ha decidido introducir una nueva regulación para la legalización de propiedades ilegales en áreas rurales o partes de propiedades existentes en la isla. Esta medida innovadora pretende beneficiar a los propietarios de edificios construidos ilegalmente, a las autoridades locales y a toda la comunidad.
La legalización de las propiedades rurales ilegales trae numerosas ventajas. En primer lugar, crea seguridad jurídica para los propietarios que han estado operando en una incierta zona gris legal. Ahora pueden usar y administrar sus propiedades sin temor a sanciones oficiales. Además, la legalización ayuda a aliviar la carga de los tribunales que se han enfrentado a una multitud de demandas relacionadas con edificios ilegales.
Para la comunidad, la nueva regulación representa una oportunidad para regular y controlar el mercado inmobiliario. A través de una legalización ordenada de los edificios ilegales, las autoridades locales pueden asegurarse de que estos cumplan con las regulaciones de construcción actuales y satisfagan los intereses sociales y de desarrollo urbano de la isla. Esto crea una relación más equilibrada entre el desarrollo y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, cabe señalar que la legalización de propiedades ilegales en Mallorca no es un pase libre para la construcción ilegal. Más bien, es un paso hacia un desarrollo inmobiliario transparente y regulado que satisfaga tanto las necesidades de los residentes como los requisitos de la ley.
Los propietarios de casas rurales ilegales y otros edificios interesados en la legalización retroactiva primero deben pagar una multa. El monto exacto de la multa aún no se ha determinado, pero se espera que se base en un modelo de la época del gobierno bajo el entonces primer ministro regional conservador José Ramón Bauzá, que preveía multas entre el 15 y el 25 por ciento del valor de construcción.
Además de la multa, los propietarios deben comprometerse a implementar medidas para mejorar la eficiencia energética e hídrica de las propiedades. Esta regulación está destinada a aplicarse solo a edificios que tengan al menos ocho años de antigüedad, incluidas las ampliaciones adicionales como piscinas, verandas o terrazas. Con este decreto, el gobierno balear también pretende posibilitar la rehabilitación retroactiva de edificios que supongan un peligro para la seguridad pública debido a su mal estado.
Actualmente, el borrador se está discutiendo en coordinación con los ministerios afectados.