Desalojo más rápido de propiedades ocupadas ilegalmente en España
Las ocupaciones ilegales de viviendas en Mallorca y en toda España podrán terminarse más rápidamente en el futuro. El 3 de abril entró en vigor una modificación de la ley que permite desalojos forzosos de propiedades residenciales y comerciales ocupadas en un plazo de aproximadamente 15 días. Hasta ahora, dichos procedimientos podían durar varios años.
Procedimiento acelerado para desalojo más rápido
El núcleo de la reforma es un procedimiento abreviado para los delitos de “usurpación” (apropiación ilícita) y “intrusión en la vivienda”. Se espera que las decisiones se tomen en un plazo de siete a ocho días, y que el posterior desalojo solo requiera unos pocos días. Además, los propietarios pueden solicitar medidas judiciales especiales para acelerar aún más el proceso. Las personas en situación de vulnerabilidad social, sujetas a una regulación especial del gobierno central, quedan exentas de la nueva norma.
Problemas judiciales podrían retrasar la implementación
Aunque los políticos califican la modificación de la ley como “muy positiva”, aún ven margen de mejora. El problema es que el ministro de Justicia, José Félix Bolaños, no ha asignado suficientes recursos para que los tribunales trabajen de manera más eficiente. Actualmente, los procesos judiciales ya están sobrecargados debido a la escasez de personal y a los retrasos.
Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestra que las Islas Baleares se encuentran entre las regiones con la tasa más alta de ocupación de viviendas en relación con el número de propiedades desocupadas. En este contexto, el instituto exige que la presidenta de la Cámara de Diputados, Francina Armengol, impulse una ley antiocupación presentada por el Partido Popular, la cual está actualmente bloqueada en el Congreso.
Exigencia de endurecimientos adicionales
Los políticos abogan por ejecutar los desalojos forzosos aún más rápidamente – idealmente dentro de las 24 horas posteriores a una ocupación. Sin embargo, incluso el nuevo procedimiento rápido podría ejercer mayor presión sobre los tribunales, ya sobrecargados. Además, se critica al gobierno de Pedro Sánchez, pues la ley estatal de vivienda genera incertidumbre para los propietarios. Los inquilinos podrían declararse como «en situación de protección», dejar de pagar el alquiler y, sin embargo, no ser desalojados. Esto llevaría a que muchos propietarios prefieran dejar sus viviendas vacías en lugar de alquilarlas.
La modificación legislativa que ahora entra en vigor probablemente acortará muchos de los procedimientos de desalojo prolongados. Queda por ver si el poder judicial podrá cumplir los ambiciosos plazos.
